La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939) | Javier García Fernández
169, de 17 de junio de 1936) reguló la manera de servir a los Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Marina.
Un caso singular fue el del Museo Nacional del Prado pues la primera medida administrativa relativa al personal que adoptó el Gobierno provisional tenía alcance individual pero quizá un mayor peso del que aparentaba y es que mediante el Decreto de 13 de mayo de 1931 (G.M., núm. 134, de 14 de mayo de 1931) se reformó el Reglamento de 1920 para el régimen del Museo Nacional Prado a fin de que el cargo de Conserje del Museo fuera de libre elección y que pudiera recaer en personas aun cuando no pertenecieran al Escalafón activo de Subalternos.
Otro tema que llama la atención fue el de las asambleas y congresos que celebró el Cuerpo Facultativo. Recién proclamada la República, el 9 de mayo, sesenta y cuatro funcionarios de este Cuerpo solicitaron celebrar una asamblea para estudiar la reforma de los servicios y de las funciones del Cuerpo, asamblea que fue autorizada por Orden ministerial de 18 de mayo de 1931 (G.M., núm. 140, de 20 de mayo de 1931), encargando organizarla a los Directores de la Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional y Archivo Histórico Nacional. La asamblea se celebró del 7 al 14 de diciembre del mismo año y una resolución del Director General de Bellas Artes de 1 de diciembre de 1931 (G.M., núm. 336, de 2 de diciembre de 1931) autorizó a asistir a la misma a todos los funcionarios del Cuerpo. Más adelante, una Resolución del Director General de Bellas Artes de 18 de abril de 1934 (G.M., núm. 130, de 10 de mayo de 1934) autorizó a las funcionarios del Cuerpo Facultativo a asistir al Congreso Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios que se celebró en Madrid los días 28 y 29 de mayo. Pero quizá la asamblea más interesante fue la que se celebró a finales de junio de 1936 en Madrid, pocos días antes del golpe de Estado. En esta asamblea se aprobó por unanimidad una ponencia titulada “Plan de reorganización Económica del Cuerpo” que había elaborado José Tudela y que contenía un interesante estudio sobre las retribuciones del Cuerpo en comparación con otros similares del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. También ser presentó una propuesta para reformar el Reglamento de oposiciones al Cuerpo y una “proposición sobre la unidad y subsistencia del Cuerpo… en relación con los problemas del régimen de Estatutos regionales” y otra proposición “contra el intrusismo, a fin de que no puedan desempeñar fundones propias del Cuerpo Facultativo personas que no pertenezcan al mismo”. También se propuso la creación de la Inspección General de Archivos, Bibliotecas y Museos bajo la autoridad del Director General de Bellas Artes. La siguiente asamblea fue convocada para comienzos de enero de 1937 y hubiera tratado algunos temas que tenían algún alcance conflictivo o, al menos, complejo, como el régimen de Patronatos, el ingreso de los Auxiliares en el Cuerpo Facultativo, la creación e incorporación de nuevos Museos, los Museos Provinciales y la “necesidad de una Junta de adquisición de objetos artísticos”, entre otros puntos propuestos.
La difusión de las Bellas Artes y del Patrimonio Histórico-Artístico. La Orden ministerial de 25 de abril de 1933 (G.M., núm. 123, de 3 de mayo de 1933) decidió que se celebrara en París una Exposición de Pintura española. Más adelante, como hemos visto, la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones celebró en Madrid, entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 1934, Además de constituir un antecedente de la creación del Museo de Indias, el XXVI Congreso Internacional de Americanistas (como finalmente de denominó) vino a ser una reafirmación de la arqueología española en su dimensión americanista y de las conexiones de la arqueología española con los arqueólogos extranjeros
La expoliación de bienes culturales. Durante la República, tanto en 1931 como en 1934 y en 1936 diversos disturbios y hechos revolucionarios provocaron daños importantes en los bienes culturales, daños que no siempre atajó adecuadamente el Gobierno. Durante los días 11 a 12 de mayo de 1931 diversos conventos madrileños y veintidós iglesias y conventos malagueños fueron incendiados por manifestantes cuyos objetivos y composición nunca quedaron absolutamente claros. Lo cierto es que el Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, atajó nuevos estragos que se iban a producir en Madrid y pudo impedir que se dieran situaciones similares en otras ciudades españolas pero en su libro de recuerdos señala la frustración que sintió si bien parece claro que los estragos de Málaga fueron propiciados por los dos Gobernadores, civil y militar, que fueron incapaces de actuar con autoridad. Fueran o no anarquistas los autores, estuvieran o no manipulados por las derechas monárquicas, lo cierto que el Gobierno republicano (incluyendo al católico Alcalá Zamora) incurrió en una actitud pasiva de la que posiblemente sólo se salvó el propio Maura que quiso ordenar a la Guardia Civil que impidiera los desmanes.
Otros hechos que supusieron un grave daño para el Patrimonio fueron los relacionados con la revolución de Asturias de octubre de 1934. Pocos días después de sofocarse la rebelión, la Orden ministerial de 23 de octubre de 1934 (G.M., núm. 297, de 24 de octubre de 1934) encargó al historiador Gómez Moreno, a José Gago y al Arquitecto Conservador de la Primera Zona la realización de una inspección en la región asturiana para determinar los daños que habían sufrido los Monumentos históricos y para proponer las medidas que fuesen necesarias para su restauración. Antes probablemente de elevar el resultado de inspección, la Orden del Ministro del ramo de 17 de noviembre de 1934 (G.M., núm. 331, de 27 de noviembre de 1934), a propuesta de la Junta Superior del Tesoro Artístico, ordenó librar la cantidad 10.000 pesetas, a justificar, para los trabajos de desescombro y reparación de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Más adelante, el Gobierno publicó un opúsculo titulado La revolución de octubre en España que contenía un capítulo titulado “Las joyas de arte medieval, destruidas y mutiladas por los revolucionarios” y describía la destrucción de la Cámara Santa, la Cruz de los Ángeles (restaurable), la Cruz de la Victoria, la caja de las ágatas (restaurable), el Arca Santa (no susceptible de restauración), la caja del Obispo Arriano (deformada), más la bóveda de la capilla y las columnas antropomorfas de la catedral, el díptico románico de Gundisalvo (perdido) y algunos daños en Santa Cristina de Lena . También aportó información un libro coetáneo de un historiador conservador, Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Pequeños anales de quince días. La revolución en Asturias. Octubre 1934, aparecido al año siguiente, que señala la destrucción de la Universidad de Oviedo con su biblioteca y el incendio del convento de San Pelayo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 1931, los enormes estragos se produjeron en combate pues las tropas republicanas se refugiaron en la catedral si bien no parece que hubiera voluntad expoliadora en los revolucionarios si bien, naturalmente, la única responsabilidad es de los rebeldes que iniciaron una revolución que desbordó el ordenamiento republicano. En cualquier caso, acabada la rebelión, el Gobierno reaccionó con rapidez y sensibilidad y procuró poner medios para la reconstrucción.
Finalmente, tras el triunfo electoral de la coalición del Frente Popular, hubo diversos saqueos y destrucciones del estilo del que describía el Embajador Bowers. Estos incidentes fueron controlados en ocasiones por un Gobierno que no siempre supo ser contundente pero lo cierto es que hay que preguntarse por las causas de que miles de ciudadanos desconocieran el valor cultural de los edificios religiosos y que vieran en éstos sólo la sede de un poder social que nunca les asistió en sus desesperadas situaciones económicas y laborales. Si el propio Cardenal Gomá, en su Carta pastoral sobre el sentido cristiano-español de la guerra, que publicó en 1937, conectaba la pérdida “de un caudal de arte que nos había legado el pensamiento y la labor de siglos cristianos” con “el nivel bajísimo, intelectual y moral, de millares de españoles”, cabe preguntarse en quien recaía la responsabilidad de ese nivel bajísimo. Desde luego, no a un régimen que se había implantado cinco años antes.
Valoración de la gestión administrativa de las Bellas Artes. Aunque hemos finalizado este apartado con los tres puntos negros que presenta el período republicano anterior a la guerra civil, lo cierto es que lo positivo es muchísimo más amplio que la destrucción de Monumentos de 1931, de 1934 y de 1936 que sólo fueron responsabilidad de la Administración los de 1931 y 1936, y especialmente los de Málaga, por su ineptitud de las autoridades civiles y militares. Pero el balance no sólo es positivo sino impresionante. La Segunda República creó siete nuevos Museos y reorganizó otros tres más. Además, creó otros dos que luego se transformaron para dar lugar a otros de nueva planta. Por otra parte, dotó de Patronatos y de Estatutos a los Museos y Archivos más relevantes, incluyendo los de nueva creación, y a algunos Monumentos especialmente importantes. Además, declaró cerca de ochocientos nuevos Monumentos, la mayoría mediante el Decreto de 3 de junio de 1931 y se reorganizó la gestión de los Monumentos y Patronatos adscritos al antiguo Patrimonio de la Corona. Ya en 1936, algunas medidas del Gobierno de Portela Valladares y, sobre todo, una Ley cuyo proyecto envió a las Cortes el primer Gobierno del Frente Popular establecieron un fondo importantísimo para la restauración de Monumentos. Los Jardines históricos pasaron a ser protegidos con un Patronato y hasta con un Inspector General de los Jardines Artísticos de España y el Gobierno recuperó para el Patrimonio estatal algunos Monumentos de titularidad privada. Y en materia de personal los sucesivos Gobiernos impulsaron la ampliación de los Cuerpos Facultativo y Auxiliar. Es cierto que se ve una actuación mucho más intensa en los Gobiernos de la primera y de la tercera legislatura pero tampoco los Gobiernos de la segunda legislatura conservadora dejaron de actuar a pesar de la barbaridad de suprimir la Dirección General de Bellas Artes. El problema, con todo, vino de otro origen. Cuando la Ley de 5 de junio de 1936 se dispuso a ejecutar el plan de obras, excavaciones y adquisiciones de edificaciones y terrenos con destino a Monumentos del Tesoro Artístico nacional, los militares golpistas y los conspiradores fascistas y monárquicos de diversas tendencias estaban dando los últimos toques al plan con que iban a ejecutar el golpe de Estado iniciado en Marruecos el 17 de julio. En lugar de ejecutar un plan de restauraciones de cerca casi siete millones de pesetas, la Administración republicana hubo de hacer frente a una guerra que comportó la destrucción de Conjuntos y de Monumentos y la desestructuración de la zona leal al Gobierno legítimo, amén de la forzada evacuación de muchísimos bienes muebles, incluyendo las obras del Museo del Prado.
