Consideraciones previas


Si tenemos en cuenta que -según criterios de la OCDE- más de la mitad de la población de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) vive en zonas rurales y que éstas cubren el 90 % de su territorio, es evidente que el mundo rural y la estrategia que se diseñe para su desarrollo constituye un objetivo político de vital importancia. Por otro lado, la agricultura (incluida la ganadería) y la silvicultura siguen teniendo una importancia capital en la utilización de las tierras y la gestión de los recursos naturales de estas zonas además de constituir una importante plataforma de diversificación económica para sus comunidades. Desde esta ineludible necesidad, Territorio y Patrimonio pasan a formar parte de una misma realidad social, a la que se ha llagado a denominar “patrimonio territorial” (1), en la que el primero se configura como un producto socialmente construido en el que convergen elementos de distinta naturaleza creados o modificados, en mayor o menor medida, por el hombre en comunidad y que, legados a través del paso del tiempo, se constituye en seña de identidad de ésta. La gestión del Patrimonio natural y cultural a través de su conservación y puesta en valor se ha convertido en elemento irrenunciable para el desarrollo de las zonas rurales europeas.

Así es reconocido en los últimos años en las propuestas políticas realizadas por parte de la Unión Europea para estos espacios desde que en 1988 la Comisión adoptase su Comunicación sobre “El futuro del mundo rural” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1988) (2). Este nuevo enfoque se traduciría en la puesta en marcha de la Iniciativa Comunitaria Leader I, II y Plus así como en el Programa Proder I y II como ejemplos de la concreción y consolidación, con el paso de los años, de un nuevo modelo de desarrollo rural sostenible. A esta evolución nuestro país no ha sido ajeno en la medida en que, por un lado, el mundo rural español se extiende sobre el 90% de nuestro territorio y en él habita el 20 % de la población (35% si se incluyen las zonas periurbanas). Por otro, la ausencia de una política rural propia, cubierta con la aplicación de la normativa comunitaria al respecto, se pretende empezar a cubrir con la “Ley para el desarrollo sostenible del medio rural” (MAPA, 2007), cuyo proyecto se presentó en mayo (3).

Esta nueva forma de afrontar el desarrollo de las zonas rurales de la UE se sustenta en una nueva metodología de trabajo a través de la puesta en marcha en cada territorio de proyectos pensados y dirigidos por agentes locales del mundo rural tendentes a la diversificación productiva de sus actividades y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes teniendo en cuenta cuatro dimensiones básicas: económica, social, cultural y medioambiental. Todo ello a través de medidas subvencionables encaminadas a la renovación de las comunidades rurales, la mejora de servicios, infraestructuras y equipamientos básicos, la potenciación de las producciones endógenas, la recuperación de lo local a través de la puesta en valor de su Patrimonio natural y cultural, la aparición de un nuevo perfil de empresarios y actores locales ligados a las políticas sociales (Esparcia, Noguera, Ferrer 2003) (4).

Nuevas formas de abordar problemas que tienen sus orígenes en el proceso de desagrarización y despoblación que sufren estos territorios desde mediados del siglo pasado acompañado de un profundo y progresivo proceso de homogeneización en las pautas de comportamiento impuestas por la modernidad de lo urbano. Ello supuso la pérdida de las señas de identidad de las comunidades rurales e impregnó de un carácter peyorativo todo lo concerniente al mundo rural. Este proceso de hegemonía absoluta de la ciudad frente al carácter deprimido y atrasado de lo rural empieza a cambiar en las dos últimas décadas del siglo XX, momento en el que lo rural, los pueblos -siendo aún territorios deprimidos- pasan a ser percibidos como áreas potencialmente atractivas. Visión que, de forma paradójica, está más extendida entre los urbanitas que entre sus residentes habituales. Desde esta nueva óptica, la sociedad –urbana esencialmente- se acerca al mundo rural en busca de nuevas funciones productivas -más allá de las tradicionales actividades agrarias-, recreativas, medioambientales, de ocio y descanso, etc. a partir de la recuperación y valorización de los elementos culturales y naturales, patrimoniales en suma, que habían identificado la economía, cultura, costumbres, etc., de estos territorios.

Esta nueva funcionalidad que reclaman los urbanitas a estos territorios, y que se traduce en un acercamiento teórico del mundo rural y urbano a través de un fuerte proceso de ruurbanización, ha conllevado un vertiginoso desarrollo de espacios residenciales dispersos en muchos de estos territorios (Brandis, 2007, 27-39) (5). Ello ha supuesto la recuperación demográfica de algunos de estos espacios fundamentalmente ligados a la actividad turística, caso de la zona litoral andaluza (Galacho, 2005) (6), y a la segunda residencia como ocurre en las zonas rurales catalanas (Armesto, García y Sánchez, 2005) (7), por poner sólo unos ejemplos. Lo dicho no nos debe hacer olvidar que, por un lado, la despoblación y el envejecimiento sigue siendo la tónica general de estos territorios (Barrientos, 2006) y, por otro, que los actuales procesos de urbanización dispersa llevan aparejados una cada vez mayor fragmentación funcional y social de sus espacios y sus ocupantes.

Este proceso, aun suponiendo una oportunidad para su desarrollo, no está exento de ciertos riesgos. Señalamos sólo tres. El desconocimiento que el habitante del mundo urbano tiene del mundo rural, su acercamiento a estos espacios desde la mentalidad y óptica de la ciudad hacen que, en demasiadas ocasiones, “cree” su propio medio rural buscando aquello que les resulta atractivo o idílico (“paz”, “tranquilidad”, “aislamiento”) si se vive en ellos pocos días y en verano mientras son una pesadilla durante todo el año para sus moradores permanentes. La práctica de “deportes de riesgo o aventura” descansa en “tradicionales obstáculos naturales” (cimas, barrancos, paredes de piedra, etc) a los que el habitante de estas zonas se “enfrentaba”, no “disfrutaba”. En definitiva, estas nuevas funciones pueden crear una nueva dependencia, algunos autores hablan de nueva “colonización” del medio rural. La segunda reflexión tiene que ver con el papel que deben jugar las políticas que se diseñen para estos espacios en la medida en que las actuaciones que se proyecten deben hacerse pensando en “las necesidades de los habitantes rurales y no, únicamente, de los urbanitas que visitan ocasionalmente estos territorios, lo que permitirá dinamizarlos socialmente” (Moltó y Hernádez 2004, 72) (8). Finalmente, la agricultura no es sólo una actividad económica, ha sido la creadora de los paisajes culturales que ahora atraen a sus visitantes por lo que su abandono genera su degradación. Ahora bien, no se puede convertir al agricultor en subsidiado ambientalista. Las externalidades positivas que su actividad genera para el conjunto de la sociedad deben ser recompensadas y complementar la renta obtenida a través del desarrollo de la actividad agraria, entendida como piedra angular del desarrollo rural, orientada a la obtención de productos de calidad, cada vez más demandados (Molinero, 2006, 104-106) (9).

Es desde esta perspectiva del desarrollo rural, en la que la multifuncionalidad de estos espacios se conjuga con nuevos enfoques metodológicos para abordarlo, desde donde se entiende la conservación y la puesta en valor del Patrimonio como motor de desarrollo rural y como identificador de los habitantes de estas zonas con su territorio. “El futuro de un territorio rural puede depender de su capacidad para utilizar la herencia de su pasado en el momento oportuno. La valorización del Patrimonio supone un componente ineludible para el proceso de desarrollo local” (Plaza, 2006, 84) (10).

Nos proponemos en este trabajo, de un lado, valorar los fondos asignados al Patrimonio natural y cultural dentro de las Políticas de Desarrollo Rural emprendidas hasta el momento en Andalucía, de forma especial en los programas Leader y Proder, así como de sus efectos socioeconómicos. De otro, analizar la importancia del Patrimonio en el nuevo diseño de la Política de Desarrollo Rural aprobada por la Unión Europea para el periodo de programación 2007-2013 a través de su concreción en Andalucía en el “Programa de Desarrollo Rural para Andalucía 2007-2013”.

1 | 2 | siguiente