Economía del Patrimonio Cultural y políticas patrimoniales. Eva Vicente Hernández. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. 2007 | Santiago Álvarez García
Las actividades culturales en general, y los bienes que forman parte del patrimonio cultural en particular, no han recibido una especial atención por parte de los estudiosos de la economía hasta finales de los años 60. Es posible que en esta situación influyera en gran medida el hecho de que el considerado “padre” de la ciencia económica, Adam Smith, calificara en La Riqueza de las Naciones el gasto en arte como improductivo. Por otra parte, debemos recordar que este menosprecio que las actividades culturales han recibido de los economistas se ha visto acompañado de un rechazo no menos intenso de las disciplinas culturales a la intervención de éstos en su ámbito al repudiar la mercantilización del mismo.
Sin embargo, desde la publicación en 1966 del trabajo de Baumol y Bowen Performing Arts: the economic dilemma, han proliferado de tal manera los estudios económicos sobre el sector cultural que han dado lugar a un nuevo campo de especialización dentro de la ciencia económica como es la economía de la cultura. A su vez podemos señalar tres orientaciones básicas en los trabajos que se realizan en esta materia: las industrias culturales, las artes plásticas y escénicas y el patrimonio cultural.
El libro Economía del Patrimonio Cultural y Políticas Patrimoniales. Un estudio de la política del patrimonio arquitectónico en Castilla y León constituye el primer trabajo realizado en España en el que se aborda el análisis del Patrimonio Cultural desde una perspectiva económica, realizándose un estudio sistemático de la intervención pública en este ámbito por medio de las políticas patrimoniales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
El libro consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera, que abarca los cuatro primeros capítulos, desarrolla el marco teórico que sustenta las intervenciones públicas en el campo del patrimonio cultural. La segunda, Capítulos 5 a 9, estudia la política de patrimonio arquitectónico desarrollada en Castilla y León en el período 1985-2002.
Un paso previo a la realización de cualquier estudio es acotar el campo que se va a analizar. Por ello, el punto de partida de este trabajo es la definición del concepto de patrimonio realizada en el Capítulo primero. En él se presentan las diferentes acepciones de este término y la dificultad para delimitar la extensión del mismo. A continuación se define el concepto de patrimonio cultural y, finalmente, se delimita el patrimonio arquitectónico, que engloba “no sólo los monumentos, conjuntos arquitectónicos o sitios –legalmente protegidos o con un interés de prestigio-, sino también los conjuntos arquitectónicos –situados en medio urbano o rural- que forman una entidad coherente por la homogeneidad de su estilo o por la huella histórica de los grupos humanos que allí habitaron” (página 43).
El Capítulo dos se dedica a la economía del patrimonio. En primer lugar, se insertan las actividades culturales dentro del ámbito de la ciencia económica. En segundo lugar, se utilizan las herramientas de la teoría económica para estudiar este sector. Para ello, se analizan tanto la oferta como la demanda de los bienes que forman parte del patrimonio cultural. Este trabajo es especialmente complejo ya que, a diferencia de lo que sucede habitualmente, estamos en presencia de un sector en que, en la mayor parte de los casos, no se producen transacciones en el mercado. Sin embargo, partiendo del proceso de producción del patrimonio, se puede caracterizar la demanda y oferta de servicios patrimoniales. Esto conduce a definir un “producto patrimonial” que no es objeto de intercambio pero que permite al consumidor disfrutar de su visita. Por ello es necesario su “consumo” en el lugar en el que se “produce” (o está situado físicamente) y es un bien de producción conjunta con otra serie de bienes o servicios como pueden ser las actividades de transporte, alojamiento, o adquisición de guías, catálogos o videos, entre otras.
En el Capítulo tercero se justifica la intervención pública en el sector del patrimonio a partir de la teoría de los fallos de mercado. En el párrafo anterior hemos hecho referencia a un aspecto esencial del patrimonio cultural: está compuesto por bienes que no son objeto de transacción directa en un mercado. A partir de esta premisa debemos considerar que reúnen en alto grado las características de los bienes públicos, principalmente por el hecho de que, en ausencia de problemas de congestión, no existe rivalidad en su consumo. Es decir, el consumo de un bien patrimonial por parte de una persona –p.e. la contemplación de un monumento- no impide que otra persona consuma la misma cantidad del bien ya que lo que hacen ambos es disfrutar de su visita.
Al mismo tiempo, el acceso a los bienes culturales se puede considerar como preferente para todos los ciudadanos, situación que fomenta también la intervención del sector público por motivos de equidad. Además, en este sector existen importantes asimetrías de información, ya que el gusto por el disfrute de los bienes culturales se adquiere de forma progresiva con el consumo de los mismos. En síntesis, podemos decir que la intervención pública permite mejorar la eficiencia en la asignación de estos bienes.
El Capítulo cuarto constituye un complemento del capítulo anterior, al describir tanto los objetivos como los instrumentos para desarrollar en la práctica las políticas de patrimonio.
Como ya se ha reseñado anteriormente, la segunda parte del libro tiene un carácter aplicado y en ella se estudia de forma exhaustiva la política de patrimonio arquitectónico desarrollada en Castilla y León en el período 1985-2002.
El campo de análisis se justifica por la riqueza y extensión del patrimonio arquitectónico existente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que constituye un recurso estratégico y económico fundamental para la misma.
En cuanto al período elegido, se debe al hecho de que en el año 1985 se aprueba la Ley de Patrimonio Histórico Español, sobre la que descansa en gran medida la política patrimonial desarrollada en nuestro país. Por otra parte, en el año 1983 se produjo el traspaso de competencias en materia de políticas patrimoniales a la Comunidad Autónoma, siendo el ejercicio 1985 el primero sobre el que se disponen datos relevantes sobre el desarrollo de las mismas. El estudio finaliza en el año 2002, año en el que se promulga la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla y León. Dicha Ley introduce cambios relevantes en las políticas patrimoniales, por lo que resulta aconsejable tomar un período homogéneo para poder valorar los resultados de las mismas.
El Capítulo cinco se dedica a analizar los objetivos de la política del patrimonio arquitectónico en Castilla y León, así como a la consideración del mismo como instrumento de otras políticas desarrolladas por el gobierno regional. En este sentido, se destaca el hecho de que la conservación y puesta en valor del patrimonio es uno de los objetivos prioritarios de la política cultural desarrollada. En concreto, obliga a elaborar estrategias transversales para armonizar las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio con la conservación de estos bienes. Por otra parte, dentro de los Planes de Desarrollo Regional, el patrimonio arquitectónico constituye uno de los ejes prioritarios de intervención para impulsar el crecimiento de la Comunidad, por medio de una serie de estrategias encaminadas a su aprovechamiento como recurso turístico.
Los Capítulos sexto al octavo profundizan en la intervención en el sector del patrimonio arquitectónico de Castilla y León a partir de los diferentes instrumentos empleados por la Administración pública: las políticas legislativas de regulación, el gasto público en patrimonio y los incentivos a la inversión privada, tanto directamente mediante subvenciones como de forma indirecta mediante beneficios fiscales.
Por último, en el capítulo nueve se analizan los principales resultados de las políticas desarrolladas, presentándose a continuación las principales conclusiones del estudio. Entre las mismas es necesario resaltar el hecho de que la descentralización de competencias hacia la Comunidad Autónoma ha resultado muy beneficiosa, ya que se han incrementado sustancialmente los recursos destinados a la conservación y mantenimiento de los bienes que forman parte del Patrimonio de la región, siendo necesario hacer un mayor esfuerzo en la difusión de y explotación económica de estos recursos.
Para finalizar, decir que se trata de un trabajo importante, pionero en su campo en nuestro país, en el que se ha abordado con rigor un campo complejo y de gran amplitud, no solamente por la dimensión del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Castilla y León, sino también por la diversidad de acciones emprendidas para su conservación y valorización. Además, la parte metodológica de este libro constituye un punto de partida y una guía para cualquier persona interesada en realizar un estudio de similares características.
